Los principales dirigentes sindicales del sector laboral del país manifestaron ayer su repudio a la medida impuesta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) al Central Romana Corporation consistente en detener en los puertos de entrada el azúcar sin refinar, así como los productos a base de azúcar producidos por la empresa por supuesto “trabajo forzoso» contra los trabajadores. En un encuentro con el Grupo de Comunicaciones Corripio, Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS); Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) advirtieron sobre las funestas consecuencias de la medida y pidieron sea dejada sin efecto. Pepe Abreu sostuvo que nadie con cierto nivel de honestidad puede decir que en el país existe trabajo forzoso, tras aclarar que esa practica predominaba en los tiempos de la esclavitud. Puede leer: Dominicanos forman comité y salen en defensa de su país, buscan firmas condenatoria Castigo De su lado, Gabriel del Río precisó que el problema no es el Central Romana, sino que es una posición de Estados Unidos frente a la República Dominicana ante la repatriación de ilegales haitianos. “Estados Unidos quiere imponerle al país condiciones que no son aceptables. No podemos permitir esa invasión permanente de trabajadores haitianos hambrientos”, precisó. De acuerdo a lo explicado, en el Central Romana no se cometen esos atropellos que ellos (Estados Unidos) alegan. Gabriel del Río agregó que la mano de obra haitiana ilegal está afectando el trabajo de los dominicanos. “No nos pueden imponer como país, lo que ellos entiendan y quieran. El problema haitiano se resuelve en Haití con la ayuda internacional”, precisó. Entiende que ya la República Dominicana ha ayudado bastante a la vecina nación. “Queremos agradecer a los haitianos que han aportado al desarrollo del país, pero que sean legalizados en función de las necesidades, acotó el sindicalista. Insistió en señalar en que en el Central Romana no se comete ninguna violación contra los trabajadores. Temor De su lado, Jacobo Ramos dijo que en el Central Romana hay alrededor de 30 mil empleos que se podrían perder producto de esta medida. “No son solo extranjeros, también hay dominicanos”, afirmó. Sobre el argumento de trabajo forzoso, dijo que ninguno de los elementos que caracterizan ese tipo de práctica de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) están presentes en el caso del Central Romana. En ese contexto, se preguntó basado en qué es que se está adoptando la medida. Diversos sectores de la sociedad se han manifestado en contra de la sanción impuesta a la empresa dominicana, ya que afecta de manera importante la situación laboral y económica del país.
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