La Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana (Unmund) denunció violencia política contra las féminas en los partidos, a través de presiones para que renuncien a aspiraciones o para que simplemente no presenten sus candidaturas, vejaciones y discriminaciones en la entrega de recursos. En rueda de prensa, encabezada por su presidenta y alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) y a la Junta Central Central Electoral (JCE) investigar y sancionar casos de violencia política contra las mujeres en casi todos los partidos políticos. Ortíz señala que el maltrato a las damas no se produce solamente en el ámbito municipal, con las aspiraciones a alcaldesas o directoras de distritos municipales, de regidoras o vocales, sino también en el congresual con quienes aspiran a diputadas y senadoras. Denunciaron que son diversas las situaciones de violencia política y difamación que viven las mujeres, en el marco del proceso de participación política y aspiración a cargos electivos. En la rueda de prensa en la Liga Municipal Dominicana (LMD) junto a dirigentes de distintos partidos políticos, Unmundo señala que en la actualidad, en el artículo 316 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, establece sanciones a las personas que comentan violencia política contra las mujeres en razón de género. “Por ello, esta entidad de representación de las mujeres municipalistas insta a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento efectivo de esta legislación de manera tal que investiguen y sancionen adecuadamente los casos de violencia política y brinde la necesaria protección a las víctimas”, indica. Derecho a participar Exigen el respeto absoluto de los derechos políticos de las mujeres en RD, pues todas tienen el derecho inalienable de participar en la vida política, expresar sus opiniones y aspirar a cargos de liderazgo sin temor a la violencia, la intimidación o la discriminación. Condena cualquier forma de violencia política contra las mujeres, incluyendo agresiones físicas, amenazas, acoso, difamación y cualquier acto que obstaculice su participación política.
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