Los casos llevados a juicio se lograron después del ministerio público haber agotado infinidades de jornadas de trabajo e investigación.
Entre recusaciones, variaciones de medidas de coerción, aplazamientos y pendientes de fallo han estado sujetos los casos de corrupción identificados como, Medusa, Calamar, Antipulpo, Coral, Los Tres Brazos, Odebrecht, Operación 13 y el de la Omsa.
Después de consumidas infinidades de jornadas de trabajo y miles de horas en la preparación de los expedientes, y luego presentados como acusación formal por el ministerio público ante los tribunales, se ha buscado con tesón lograr sentencias condenatorias contra los encartados.
De esos casos, ninguno de los encartados se encuentra bajo prisión preventiva, como medida de coerción dictada por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, a requerimiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Los exministros de Hacienda y de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, implicados en el caso Calamar, fueron los últimos en salir de prisión, luego de la Corte de Apelación y el Segundo Juzgado de la Instrucción, apoderado del control de las investigaciones, les variará la medida de coerción.
En tanto, hoy, jueves, la jueza Ana Lee Florimón conocerá una solicitud de variación de la medida de coerción presentada por la defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial peledeista, Gonzalo Castillo,.
La revisión fue presentada por los abogados Luis Rivas, Laura Acosta y Nassef Perdomo Cordero, quienes asumen la defensa del ex funcionario de Danilo Medina, con la cual buscan que se le retire el arresto domiciliario que le impuso la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En tanto que en ese mismo caso, la jueza Lee Florimón, quien fue designada en el caso, tras la recusación de Patricia Padilla por parte de Peralta, tiene previsto conocer el próximo 15 de enero la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el ministerio público para la presentación de la acusación en el caso Calamar.
Otro imputado a quien se le varió la medida de coerción, es Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina, principal implicado en el caso Antipulpo, a quien un tribunal que conoce el juicio de fondo, le levantó el arresto domiciliario y el grillete electrónico.
Igualmente, en ese proceso, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 8 de enero, el juicio de fondo seguido a Alexis Medina y compartes, señalado el primero de crear un entramado societario y de utilizar tráfico de influencias, para realizar un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
En tanto que en el caso del juicio preliminar seguido en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y demás imputados, el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, fue recusado por segunda ocasión, aplazando el tribunal la audiencia para el 22 de diciembre, a fin de que la Corte de Apelación decida sobre la misma.
Esto impidió, que el juez Martínez no conociera una revisión de la medida de coerción presentada por la defensa del exfuncionario, con la cual procura que el tribunal le levante el arresto domiciliario y el brazalete electrónico.
Mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 16 de enero del 2024, el conocimiento del juicio de fondo seguido en contra de los implicados en el caso de presunto acto de corrupción Coral y Coral 5G, cuyos principales acusados son el mayor general Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez de Aza y la pastora Rossy Guzmán.
DEFENSORES DE OFICIALES
Las magistradas Gissel Méndez, Jisselle Naranjo y Tania Yunes tomaron la decisión a los fines de que los defensores públicos del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y el coronel Yehudy Blandesmil Guzmán, estudien el expediente acusatorio.
Asimismo, otro motivo de la suspensión de esta audiencia fue que la Fundación Alfredo Nobel presentó un documento de desistimiento de la querella contra acusados en este proceso que enfrentan cargos por apropiación indebida de RD$ 4 mil 500 millones en propiedades y productos financieros.
A ESPERA DE CONDENAS EN 2024
El Ministerio Público informó que espera que en el nuevo año 2024 los casos de corrupción, que se encuentran en etapa preliminar, sean enviados a juicio de fondo y se produzca una sentencia condenatoria en contra de los imputados.
La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que el Ministerio Público está firme con todos los procesos de corrupción que tiene a su cargo y en el juicio de fondo tendrá las condenas ejemplares que procuran.
RECURSOS CASACIÓN DE ODEBRECHT
Mientras que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, tiene pendiente dar a conocer el resultado de los recursos de casación interpuestos por el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, condenados a 8 y cinco años de prisión en el caso Odebrecht.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, Fran Soto y Nancy Salcedo, igualmente se reservó el fallo sobre el recurso de casación que interpuso la PEPCA en contra de la sentencia de Díaz Rúa y el descargo del abogado Conrado Pittaluga.
En la audiencia el ministerio público solicitó a los jueces variar las penas impuestas a Díaz Rúa y Pittaluga y que en consecuencia el primero sea sentenciado a 10 años de prisión y el segundo a 7 años. En cuanto Rondón, el ministerio público no recurrió la decisión que lo condena a 8 años de prisión.
EL CASO SÚPER TUCANO
En tanto que el caso en contra de los implicados en el caso Súper Tucano, expiró, luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarara la extinción de la acción penal de los acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
El tribunal tomó la decisión al acoger un pedimento presentado en ese sentido por la defensa del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, en el que se sumaron Carlos Ramón Piccini Núñez y Daniel Aquino Hernández.
27 DE DICIEMBRE, FALLO LOS 3 BRAZOS
Mientras, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dará a conocer el 27 de diciembre, su decisión de si confirma o no el auto de no ha lugar dictado en favor de Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otros 16 acusados de la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.
El tribunal de alzada conoce un recurso de apelación que interpuesto la Pepca, en contra de la decisión del juez destituido Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
25 DE ENERO, FALLARÁN CASO OMSA
De su lado, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el 25 de enero del año 2024 la emisión del fallo sobre el recurso de apelación a la sentencia emitida contra los acusados presuntos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que salió a relucir a raíz del asesinado del abogado Yuniol Ramírez.
El tribunal, compuesto por los magistrados Luis Omar Jiménez, Delio Germán y Rosalba Garib, conoció el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público en contra de la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en septiembre del año 2022.
En este proceso judicial, el órgano persecutor acusa al ex administrador de la Omsa, Manuel Rivas y al coronel Faustino Rosario Díaz, el primero fue descargado y el segundo fue sentenciado a un año de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Conocerán 11 de enero el caso 13
De su lado, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá el 11 de enero del 2024, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la decisión que descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, acusado en el fraude que ascendió a más de 500 millones de pesos.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, además descargó por falta de pruebas al imputado Edison Miguel Perdomo, y condenó a ocho imputados en el caso de Operación 13.
Commentaires