Una reforma fiscal que le permita al Gobierno aumentar sus ingresos, para ampliar las políticas públicas que ayuden a reducir la brecha de la desigualdad, es una necesidad imperiosa que en algún momento tiene que llevarse a cabo, con la mirada en mecanismos que permitan mejorar las recaudaciones a través de los impuestos directos al ingreso y al patrimonio, consideró Rosa Cañete, directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La funcionaria explicó que, aunque el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) prometió durante la campaña electoral del 2020 que realizaría la reforma fiscal establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el impacto económico de la pandemia Covid-19 y sus secuelas inflacionarias, obligó la posposición de ese tema. Sin embargo expresó que, como los niveles de recaudación del país se sitúan entre los más bajos de América Latina, la capacidad del Estado es más limitada a la hora de implementar planes que beneficien a las mayorías. Cañete dijo que es recomendable que se avance en la discusión del tema, en el ámbito del Consejo Económico y Social, porque la reforma fiscal deja un espacio importante para mejorar la forma en que se recauda, enfrentando más la elusión y la evasión “pero también mejorando la recaudación de impuestos directos a los ingresos y al patrimonio”. Puede leer: Pobreza en medio de riqueza turística, la dualidad del Este “Aquí como en toda América Latina, la principal recaudación viene a través de impuestos al consumo, y uno de los retos que se plantea cualquier reforma fiscal que venga es cómo mejorar la recaudación de los impuestos a la renta o al patrimonio, que son aquellos que son capaces de reducir los niveles de desigualdad, porque son proporcionales a la renta o la riqueza. “Por tanto, cuanto más tienes más pagas, y eso es esencial, hay muchos márgenes de mejoras que se pueden explorar”. Cañate sustenta su posición en los resultados del estudio sobre “Desigualdad del ingreso en la República Dominicana 2012-2019”, en el que se establece que el 97% de los ingresos de capital reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y que se derivan del patrimonio, del ahorro, la tenencia de tierras y acciones en empresas, están concentrados en el 10% más rico de la población, “Por lo tanto, el espacio para mejorar la recaudación haciéndola más justa evidentemente que va a tener que abordar estos temas, porque hay espacios de mejoras”. Desconfianza en reforma y miedo a la corrupción La reforma arrastra un problema de imagen porque, amplios sectores de la sociedad no confían en que, nuevas cargas impositivas, se traducirán en mejoras en los servicios públicos, o que una parte de esos ingresos no queden atrapados en las garras de la corrupción. Al analizar ese contexto Cañete considera que en la actual administración se están dando muestras de buen manejo de los recursos públicos, aparte de la persecución de supuestos actos de corrupción por parte del Ministerio Público. “Creo que se están haciendo avances importantes para poder garantizar que la población tenga mayor confianza en la gestión pública, porque si no hay confianza en el Estado es difícil desarrollar una reforma tributaria adecuada. “Pero también es muy importante que la población entienda que es el Estado el que puede garantizar la reducción de los niveles de desigualdad, el mercado no lo hace por sí mismo. Es decir, garantizar el acceso al agua, a una educación de calidad depende de la acción del Estado, y si no tiene los recursos para hacerlo es difícil”, expresó. Comportamiento de la pobreza Estadísticas oficiales En 2021 hubo 43,713 personas menos que en 2020 en situación de pobreza monetaria extrema, según los datos del boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria en el 2021. Pobreza por zonas Según la referida fuente, en 2021 la tasa de pobreza monetaria tuvo un aumento tanto en la zona urbana como en la rural. Sin embargo se registró una reducción de la pobreza extrema. Aunque la pobreza extrema disminuyó en las macroregiones del Gran Santo Domingo, el Cibao y el Este, aumentó en las poblaciones de la región sur.
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